Debemos estar vigilantes en el 2023
Por Diego León Caicedo Muñoz
“En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus derechos. Recordarle que también tiene deberes y responsabilidades, es un acto de valor que no corresponde exclusivamente a los políticos”, Mahatma Gandhi.
En el artículo anterior destaqué la responsabilidad de la Corte Constitucional en la custodia de la Constitución Política y del Estado Social y Democrático de Derecho, conforme lo impone la Carta Política. El pueblo, como constituyente primario le delegó al alto tribunal este compromiso ineludible que, por cierto, en términos generales lo ha cumplido a rajatabla.
Los que nunca han hecho la tarea como lo asigna la constitución y la ley son los congresistas, presidentes, gobernadores, alcaldes, procuradores, contralores y autoridades judiciales. Nunca han legislado honestamente, ni han ejercido el control político, menos ejercer la función administrativa a ultranza, y, por ende, denunciar y sancionar a los infractores de la norma. Este contubernio ha permitido por siglos el status quo de la corrupción.
Sin duda alguna, la mayor responsabilidad recae sobre la sociedad, que debe escoger a dignatarios y legisladores impolutos y con vocación de servicio social, obviamente, es mera entelequia. La cultura del vivo y el cuarto de hora prevalecen, como también, la inercia y la desidia para vigilar y controlar el gasto público.
Si bien es cierto, el pueblo les transfiere el poder político soberano a sus representantes a través del sufragio, también es cierto que, ese poder delegado no es omnímodo, y la sociedad también tiene una responsabilidad enorme en controlar a sus gobernantes. Para ello, la Constitución Política contiene los mecanismos de participación ciudadana, la tutela, los derechos de petición, las veedurías ciudadanas, la supervisión en la rendición de cuentas y la protesta pacífica.
El 2023 será un año bastante movido en materia económica, política y social. El primer semestre se centrará en la actividad legislativa, el segundo en las elecciones regionales y durante todo el año la ejecución administrativa y diplomática del presidente de la República.
En materia legislativa está el llamado “paquete social”, las reformas; pensional, laboral y de salud. Proyectos de ley de alto impacto que tendrán muchas implicaciones en el campo de la economía, e influirán en la sostenibilidad fiscal. Todos estos proyectos de reformas en medio de una desaceleración de la economía y una alta inflación. Según los expertos, habrá un crecimiento económico de 1,3%, contrario al 7% del presente año, y una proyección de inflación del 7,2%, que, si bien no será tan alta como la del año vigente, seguirá siendo un promedio inquietante.
A la anterior proyección legislativa se le suma el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la planeación del gasto público en los cuatro años de gobierno. De igual manera, los presupuestos anuales, que incluirán el dinero de la reforma tributaria y los prestamos a la banca internacional. Con una mayoría gobiernista amplia y consolidada en el Congreso de la República, los parlamentarios no debatirán, todo hará parte de una pantomima, porque las decisiones las tomará el presidente de la República.
Las elecciones regionales en el segundo semestre serán la distracción del Congreso, del Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, quienes dejarán de cumplir su función pública para dedicarse a ubicar sus alfiles en las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Si no elegimos a los mejores, por lo menos, debemos fiscalizar a los corruptos, para que no hagan planes espurios con el erario, y mucho menos, permitir que se apropien de este.
Por todo lo anterior, la sociedad colombiana tiene que despertar y estar vigilante el año entrante para evitar, por ejemplo, que la plata de Colpensiones se destine a financiar los programas asistencialistas del gobierno Petro, como: pagar un millón de pesos mensuales a 100 mil delincuentes para que actúen como voceros de paz, los que se convertirán en la retaguardia del presidente, o peor, el disparate de construir con el dinero de los ahorradores el tren entre Buenaventura y Barranquilla.
El Ministro de Hacienda salió hace pocos días a dar un parte de tranquilidad en materia fiscal para el año entrante, pero no es suficiente para bajar la guardia en algo tan delicado como es el manejo de las finanzas públicas. Si nos descuidamos, el país puede tomar el rumbo socialista del siglo XXI, situación que nos conducirá a una hecatombe económica y democrática.
Entretanto nos preparamos para estar vigilantes, les deseo a todos los asiduos y fortuitos lectores de mis escritos, un 2023 pleno de satisfacciones y éxitos en los diferentes proyectos de vida. Que el espíritu comunitario se avive en cada uno de los colombianos, para que ejerzamos con magnanimidad nuestras obligaciones constitucionales en el control a los políticos.
