Es hora de replantear la política contra las drogas
Por Diego León Caicedo Múñoz
“Cualquier cambio, incluso un cambio para mejorar, siempre va acompañado de inconvenientes e incomodidades”. Arnold Bennet
En las últimas cuatro décadas Colombia, por desgracia, ha sido el epicentro mundial de la problemática de las drogas, (cocaína, heroína y marihuana), en lo que tiene que ver con todo el proceso de las mismas: el cultivo, la transformación, producción, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas. Este fenómeno criminal ha fomentado y alimentado la violencia en nuestro país, (guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada y el terrorismo), al igual que la corrupción.
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Colombia produce alrededor de 1.000 toneladas de Clorhidrato de Cocaína al año, de las cuales las autoridades colombianas incautan en promedio, entre 300 y 400 toneladas en el mismo periodo, se infiere que llegan a su destino más de 600 toneladas. El narcotráfico se parece al famoso monstruo Hidra de siete cabezas de la mitología griega, que se le quitaba una cabeza y le salían dos.
Este efecto hidra se presenta en los movimientos del comercio de drogas, cuando una “cabeza” (capo, zona de producción o ruta de droga) se corta, dos más crecen para ocupar su lugar.
Los costos que la sociedad colombiana ha tenido que pagar en la lucha contra las drogas han sido cuantiosos. Lo más doloroso, es que no solo han sido recursos financieros, sino las vidas inmoladas a raíz de la violencia generada por el narcotráfico, ya sea de manera directa o indirecta, reflejadas en una de las tasas de homicidios más altas del continente. Innumerables policías, fiscales y jueces han ofrendado su existencia en esta disputa imprescriptible.
Hay un desequilibrio monumental entre los ingentes esfuerzos que han hecho las autoridades y la sociedad colombiana en su conjunto y los resultados que hasta el momento se han conseguido.
Se evidencia una reducción intermitente de la oferta integral y la desarticulación sucesiva de organizaciones de tráfico de drogas que mutan permanentemente.
Las políticas contra las organizaciones de narcotraficantes han generado una reorganización de sus estructuras y un desplazamiento geográfico de su producción, pero no una disminución significativa de la misma, como tampoco un impacto sustancial en el mejoramiento de la seguridad del país, (Cesar Páez, Cuatro Décadas de guerra contra las drogas ilícitas).
El enfoque que hasta ahora se le ha dado al primer eslabón de la cadena productiva, como lo es el cultivo para uso ilícito, ha sido coercitivo y represivo, en cabeza de la Fuerza Pública y la justicia. Se requiere una perspectiva integral del Estado colombiano, con el apoyo de los países consumidores, para cambiar el rumbo de la política antidroga. Contamos con un mecanismo de integralidad y es el primer punto de los Acuerdos de Paz, relacionado con la Reforma Rural Integral, la cual tiene como propósito contribuir a la transformación estructural del campo. Por lo menos, se reconoce que la economía ilegal del narcotráfico tiene su origen en la situación de pobreza, falta de desarrollo de los territorios y el abandono del Estado hacía las comunidades rurales del país.
Si ampliamos los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial, (PDT), garantizando la coexistencia entre las agroindustrias y las agriculturas alternativas locales, habremos dado un paso trascendental.
Colombia hace parte de tratados internacionales, como: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988. A nivel multilateral hace parte de varias comisiones y mecanismos de cooperación para combatir el tráfico de drogas.
Por tal razón, no es fácil para el Estado colombiano incursionar en las lides de la legalización de las drogas, como medio para terminar el negocio criminal. Cada vez que se toca el tema, genera polémica y polarización. Lo único cierto del caso, es que la Hidra sigue reproduciéndose y el daño sigue latente, no solo en los consumidores, sino en la violencia y la corrupción ocasionada por la misma. El paradigma actual de la política contra las drogas es liderado por Estados Unidos y los países europeos y ninguna potencia da el brazo a torcer para cambiarla.
Causa curiosidad la posición ambivalente de muchos presidentes alrededor del mundo, cuando están en el poder, la presión de los tratados y la moralidad los conducen a la represión de las drogas y una vez terminan el mandato, se unen a los intelectuales que están a favor de la legalización. No será que no les alcanza una moral, por eso la tienen doble.
