La transición de la Fuerza Pública a una sociedad en paz, debe ser el último eslabón del proceso
Por Diego León Caicedo Muñoz
“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, Simón Bolívar.
Mucho se ha hablado en estos días de la acelerada transición energética que piensa imponer el presidente Gustavo Petro y el daño económico que, de hacerlo, le acarrearía al país, convirtiéndonos en una paupérrima sociedad. Lo que poco se ha hablado, es del impacto negativo que generaría una transición a las carreras de la Fuerza Pública a una sociedad hipotéticamente en paz total.
Las naciones que cuentan con unas Fuerzas Militares dedicadas a actividades cívicas y a defender las fronteras, y con unas Fuerzas de Policía netamente civiles, destinadas a prevenir el delito y controlar actividades contravencionales, son sociedades sin conflictos internos y con una seguridad humana plenamente garantizada.
A este estadio es donde debe llegar Colombia, una vez supere los periodos de conflictos y posconflictos. Es el escenario ideal y anhelado, pero nos faltan muchos años y la superación de etapas para alcanzar el objetivo.
La inclinación de la izquierda de trasladar a la Policía Nacional a otro ministerio y politizarla viene de vieja data. Revisando las gacetas constitucionales para el diseño de la Constitución Política de 1991, se evidencian las ponencias de los constituyentes del M-19 y la Unión Patriótica, para ubicar a la institución en el Ministerio de Gobierno, con las gabelas de sindicalización y ejercicio del voto.
Gracias al aval de la ley 2272/22, el presidente Petro inició su proceso de paz con el Eln y de sometimiento a la justicia de los grupos criminales de alto impacto, convirtiéndose en el primer escalón de una escalera bastante pronunciada, el segundo, sería garantizar que estos grupos no vuelvan a reincidir, y que otros no ocupen estos territorios, esto demandaría una presencia integral del Estado.
El tercero, sería implementar un proyecto que garantice el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en este punto cabe resaltar que, Petro plantea un concepto de seguridad humana integral, en el que se incluyan las diversas esferas del desarrollo humano.
Simultáneamente, y no menos importante, es contar con unas Fuerzas Militares y de Policía sólidas, con capacidad para atacar contundentemente las disidencias que surjan y al crimen organizado producto del posconflicto.
El Eln es un hueso duro de roer y el presidente Petro solo tiene como carta las negociaciones, pensando que son afines políticamente, pero en política nada se da por sentado. Ante esta oportunidad, lo más seguro es que el grupo terrorista imponga como condición una constituyente, que llevaría al país a una debacle. Recordemos que esta organización criminal cumple un doble papel, en Colombia posa como fuerza insurgente y en Venezuela como fuerza paramilitar, ambos financiados por el narcotráfico.
Gustavo Duncan en una columna del Tiempo, manifestó: “que las iniciativas audaces de diálogos para alcanzar la paz total se sostienen sobre los hombros del sector de la defensa”. Si se debilita la capacidad operativa de la Fuerza Pública antes de alcanzar la tan anhelada paz, se recrudecerá el
conflicto armado.
El impacto negativo se reflejaría en la seguridad de los colombianos, tanto, en el campo, como en las ciudades. Esta mutación ya empezó, sin ni siquiera haber iniciado diálogos, con la ley que aprobó el servicio social en reemplazo del militar obligatorio y el proyecto para trasladar a la Policía del Ministerio de Defensa a otro ministerio. Falta ver que sorpresas nos traerá el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Defensa y Seguridad.
Mientras tanto, la delincuencia común y organizada no pierde tiempo, lo refleja la recuperación de los delitos de alto impacto y las dinámicas de violencia generada por estos, en donde el narcotráfico se convirtió en caldo de cultivo para continuar delinquiendo. Es tanto lo lucrativo del negocio, que
ya contamos con bandas venezolanas y carteles mexicanos, que no están interesados en sometimiento alguno.
Según INDEPAZ, durante el gobierno de Petro han asesinado a 5 firmantes de paz, 44 lideres sociales y defensores de derechos humanos, han ocurrido 26 masacres, con 91 personas muertas, sin contar los 23 masacrados en rencillas entre grupos disidentes, el fin de semana pasado. Por su lado, la Policía Nacional reporta en los primeros meses de gobierno, 9 casos de terrorismo, 54 secuestros, 1992 homicidios y 1.222 casos de extorsión.
Sí aun contando con una Policía Nacional fortalecida, como la que hay hasta el momento, la seguridad ciudadana tiene sus bemoles, cómo será remontarla a una sociedad que todavía no existe.
No por mucho madrugar amanece más temprano. Esta transición debe ser el último eslabón del proceso.
