Las pensiones, un problema grave, pero no para quitarles el derecho a los pensionados
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.” Nelson Mandela.
El artículo 48 de la Constitución Política establece los parámetros generales de la seguridad social, y les confiere a las pensiones la condición de derecho irrenunciable. Así mismo, encarga al Estado de garantizar el derecho y la sostenibilidad financiera del sistema pensional, y a respetar los derechos adquiridos.
La ley 100 de 1993 desarrolló el mandato constitucional y creó el Sistema General de Pensiones, (SGP), compuesto por el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad. La ley 797 de 2003 reformó la norma, buscando recapitalizar el fondo común del ISS y la racionalización de los recursos, el fin era cumplirle a los beneficiarios. Lamentablemente no funcionó.
El acto legislativo 01 de 2005 elevó a la categoría de constitucional el SGP y, además, eliminó los regímenes especiales con excepción del de la Fuerza Pública. El propósito era lograr un equilibrio fiscal, aumentar la cobertura, perfeccionar la equidad y el sistema financiero, y optimizar el manejo de los recursos. Lo de siempre, en vez de mejorar empeoró.
El Presupuesto General de la Nación, (PGN), destinó $350,3 billones para el 2022. De este monto el rubro para pago de pensiones es de $51,9 billones, de los cuales, $19 billones es para Colpensiones, $8,1 billones para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y $10,9 billones para el pasivo pensional del sector defensa y Policía Nacional. Uno de cada 4 pesos de los aportes de los colombianos en impuestos va para el pago de pensiones.
Como podemos inferir, el panorama no es nada alentador en materia pensional. Si el Estado no actúa prontamente, en un largo plazo el pasivo sobre las finanzas públicas se volverá insostenible. Las soluciones no pueden ser anodinas como lo presentan algunos candidatos presidenciales populistas, quienes han manifestado eliminar a la mínima expresión las pensiones o prescindir de estos derechos adquiridos, en contravía de la constitución. Dicho de otra forma, vender el sofá en donde la esposa fue infiel.
La mayoría de países utiliza el sistema multipilar de pensiones, que busca dividir la responsabilidad de optimizar el ahorro, redistribuir y asegurar una vejez digna. Combina el esfuerzo público para la población más vulnerable, con una contribución obligatoria y un ahorro voluntario. Este modelo ha sido exitoso en Suiza, Canadá y Australia.
Si Colombia utiliza prácticamente los mismos pilares, ¿porqué no funciona?
Muy sencillo:
Primero: falta de equidad, la afiliación al sistema se concentra en la población asalariada con altos niveles de educación y salarios elevados, reflejando las inequidades del mercado laboral.
Segundo: falta de cobertura, de 22 millones, solo 7,7 millones cotizan. En Colombia según el Ministerio de Trabajo existen cerca de 6 millones y medio de adultos mayores, de esta cifra 2.210.709 están pensionados, de estos, el 89,19% con mesadas de hasta dos salarios mínimos. Existen más de 4 millones de adultos mayores sin pensión.
Tercero: la corrupción, según la Contraloría General, Colombia pierde anualmente por este flagelo 50 billones de pesos, cifra con la que se podría pagar a los pensionados. Por otro lado, nuestro país deja de percibir alrededor de 67 billones de pesos al año, por cuenta del incumplimiento legal e ilegal, en pago de impuestos y contrabando.
Cuarto: falta de voluntad política para ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones.
Quinto: fallas en el mercado laboral, el nivel de informalidad se encuentra en un 60%, con una tasa de desempleo persistentemente alta e inestable. Al no existir empleo formal, no hay cotización segura, por otro lado, los subsidios a la población informal desestimulan la formalidad y, por ende, la afiliación a la seguridad social.
Sexto: sistema regresivo, una persona que cotiza 20 millones de pesos al mes, recibe un subsidio de más de 1.000 millones de pesos.
Séptimo: falta de control, existen las instituciones y los mecanismos, pero la corrupción no les permite ejercer la potestad con dignidad. En Australia existen cinco instrumentos para controlar la cotización obligatoria, la diferencia es que en ese país el empleo formal es la constante y la transparencia la regla general.
Por último, les recuerdo a los políticos que están haciendo campaña con las pensiones que el acto legislativo 03 de 2011, modificatorio del artículo 334 de la Constitución Política establece: bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
Entre tanto, la OCDE en su último estudio recomienda a Colombia una reforma pensional, que garantice este derecho, la reducción de la informalidad y mecanismos apropiados en la lucha contra la corrupción.
