Un presidente muy cumplido
Por Diego León Caicedo Muñoz
“El populismo te endulza los oídos con igualdad, libertad, justicia o distribución de la riqueza, y al final sólo es un repartidor de la misma miseria que decía combatir”, Luis Carrillo.
Probablemente con el título del artículo de hoy, los lectores a primera vista infirieron una incoherencia con la realidad, no me voy a referir a lo que supuestamente se imaginaron, es decir, la impuntualidad conocida de marras del presidente Gustavo Petro, de llegar tarde a los compromisos adquiridos y en muchas ocasiones no asistir a reuniones y ceremonias trascendentales.
Haré referencia al cumplimiento de su programa de gobierno, el cual lo esta llevando a cabo con exactitud. En un escrito de abril de 2023 titulado; “por el desayuno se sabe como será el almuerzo”, advertí sobre algunos puntos sensibles del programa de gobierno y alocuciones públicas del candidato Petro, que en su momento causaron preocupación y críticas de los expertos.
Dentro de los tantos temas a reformar para llegar a ese tipo de Estado anhelado por el candidato Petro, estaban: un modelo de pensiones, que le permitiría al gobierno apropiarse de los ahorros de los cotizantes, equivalente a 18 billones de pesos, para entregárselos a los ancianos sin pensión, una reforma a la salud que comprendía la eliminación de las EPS, una transición energética acelerada, que prohibiría de tajo el otorgamiento de nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, un perdón social para delincuentes de toda talla y un cambio en el contrato del metro elevado de Bogotá por uno subterráneo, entre otras. Por supuesto, cuando lo enfrentaban en campaña, siempre matizaba sus propuestas.
De forma cínica el presidente manifiesta que esta cumpliendo su programa de gobierno avalado por los más de 11 millones de personas, que lo eligieron y de paso aprobaron su proyecto socialista, como si solo gobernará para ese número de personas, quienes, en su mayoría, ni si quiera leyeron un párrafo del aludido proyecto. El mandatario envía un mensaje equivoco, no por ignorancia supina, sino como parte de su orquestado plan para imponer su ideología.
En ninguna parte de la constitución aparece un acápite manifestando que el legislativo tiene que elevar a la categoría de ley el programa de gobierno del presidente electo. De ser así, se estaría atentando contra el Estado Social y Democrático de Derecho y su icono, la separación de poderes. El Congreso de la República mediante debates debe aprobar, siempre y cuando no violen la constitución, las propuestas del programa de gobierno, para convertirlas en ley.
Como siempre en una democracia de estómago, el ejecutivo mediante dadivas y cargos compra al congreso para que le aprueben las leyes, y este gobierno no fue la excepción. En un artículo anterior vaticine que cuando el congreso no le aprobará las leyes, por consunción de la mermelada, el presidente acudiría a las calles para presionar al legislativo.
No fue necesaria la negativa del congreso para azuzar a la población en favor de los proyectos de ley de reforma a la salud, pensional, laboral y a la justicia. Lo curioso es que no se conocen los textos completos de la proyección jurídica y ya promueve descaradamente una marcha para el 14 de febrero, el mismo día que la oposición había citado a otra manifestación en contra de los mismos, sin medir las consecuencias en materia de orden público. De manera inteligente, los contradictores cambiaron la fecha de la jornada para evitar enfrentamientos.
Lo que se sabe de las aludidas reformas y lo han hecho público el mandatario y sus áulicos, es que son las mismas propuestas del programa de gobierno. Unas EPS y unas Administradoras de Fondos de Pensiones al borde de la extinción, una Paz Total con impunidad, una justicia que beneficia más a quienes delinquen, que a quienes cumplen la norma y una salida indigna de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.
Hasta el momento, en lo que tiene que ver con el resorte administrativo, del cual tiene autonomía, todo va funcionando de acuerdo con lo presupuestado. Unos subsidios al SOAT y a los peajes, que salen del bolsillo de todos, como medio populista para ganar adeptos, lo mismo que arrogarse las atribuciones de la CREG, con las graves implicaciones que conlleva, para bajar los precios de la energía.
La transición energética acelerada, ya tomó su rumbo indefinido y las consecuencias ya se empezaron a evidenciar, según la ACP, para el 2023 se dejarán de desembolsar 200 millones de dólares para producción y 170 millones de dólares para exploración, todo por cuenta de la reforma tributaria y la incertidumbre.
Su terquedad no tiene límites, cambiar el contrato de la construcción del metro en Bogotá, con avances del 18% y con 4.200 trabajadores, tendrá implicaciones jurídicas y económicas enormes, con una prolongación desconsiderada de tiempo.
